Ayer entró en vigor la nueva ley contra las descargas no autorizadas y "ripeo" de material amparado bajo derechos de autor, con penas de hasta 2 años de prisión y multas de 2 millones de yenes; cuando hasta ahora esta actividad estaba registrada como delito civil sin pena real.
Aparentemente esta ley se centra únicamente en contenidos audiovisuales, omitiendo referencias al software y material impreso; sin embargo esta ley es de una ambiguedad considerable, dando un excesivo margen a la justicia para maniobrar. Incluso ver videos online en YouTube y similares constituiría un crimen sin determinar, que podría dar pie a un registro domiciliario.
Su interpretación es igualmente confusa en lo que respecta al anime, ya que la ley parece solo contemplar aquel que está en distribución; un revés para esta industria, que como estudios del gobierno nipón han demostrado, encuentra un sistema de promoción libre en la piratería.
Personalmente encuentro esta ambigüedad a la hora de escribir una ley antidescarga, así como su excesivo margen de actuación, preocupantemente familiar; parece que los grandes intereses han ganado la batalla en Japón.
Fuente: Sankaku Complex
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